Inseguridad en Ecuador
El Ministro del Interior Jhon Reimberg en su llegada tras la imtervención de Segura
EP. Foto: Diario Expreso
El Estado interviene Guayaquil tras cerrar el año más violento de su historia
Con cifras récord que alcanzan las 10.630 muertes violentas y una inversión de USD 180 millones para 2026, el Gobierno endurece su estrategia contra la fragmentación del crimen organizado y la expansión de la minería ilegal
La noche del domingo 15 de febrero de 2026, Ecuador marcó un nuevo hito en su crisis de seguridad interna. El Gobierno Central, liderado por el Ministerio del Interior, ejecutó la toma del control operativo de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP).
Según informó el Diario Extra, la intervención se
justificó por el incumplimiento de los acuerdos ministeriales, específicamente
al haber delegado el almacenamiento de datos sensibles de videovigilancia a un
proveedor privado (Telconet). Este operativo ocurre bajo la sombra de una
violencia que no da tregua, pues, el país acaba de cerrar el 2025 como el año
más sangriento registrado en su historia contemporánea.
Discrepancias
en las cifras violentas
La magnitud de la inseguridad se refleja en la disparidad de
datos oficiales, un problema que dificulta la transparencia de la crisis. Según
un informe de la cadena DNews y el Informe Exhaustivo sobre el Estado de
Seguridad (2025-2026), la Fiscalía General del Estado informó un total de
10.630 muertes violentas en 2025, situando al país en el "top cinco"
de los más peligrosos del mundo.
Sin embargo, el Ministerio del Interior y el portal Primicias manejan cifras ligeramente inferiores, cerrando el ejercicio con 9.216 homicidios intencionales. Pero independientemente de la fuente, la tasa de muertes violentas se ubicó en aproximadamente 50,91 por cada 100.000 habitantes, pulverizando los registros de 2023 y 2024.
El perfil predominante
de la víctima, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO),
sigue siendo el de hombres mestizos de entre 18 y 29 años, asesinados
mayoritariamente con armas de fuego en la vía pública.
Las
provincias "atomizadoras" del crimen
La geografía del miedo se ha consolidado en el Litoral, el portal
Primicias detallado en sus informes de enero de 2026 que la provincia de Los
Ríos se consolidó como la más violenta, con una tasa de 130,4
homicidios, destacando el cantón Puebloviejo con altos niveles de
letalidad.
Por otro lado, la provincia de Manabí enfrenta una ola de violencia derivada de lo que las autoridades llaman "atomización". Según el comandante de la Policía en la Zona 4, citado porPrimicias, la captura y extradición de líderes históricos como alias 'Fito' provocó una fragmentación de bandas como Los Choneros, derivando en facciones que luchan por el control de puertos y rutas de microtráfico.
En los primeros 15 días de 2026, la provincia registró masacres y hallazgos macabros, como cinco cabezas humanas colgadas frente a la playa de Puerto López.
La
Amazonía: El nuevo enclave del crimen transnacional
La inseguridad ha dejado de ser exclusiva de la costa. Una investigación
de Mongabay Latam y La Barra Española reveló que el crimen transnacional ha
penetrado profundamente en la Amazonía, afectando a 105 territorios indígenas y
23 áreas protegidas.
Grupos como Los Lobos y estructuras transnacionales
como los Comandos de la Frontera se disputan el control de estos núcleos de
extracción, utilizando el mercurio y la deforestación como armas de destrucción
ambiental y social.
La
respuesta estatal
Ante el asedio criminal, el presidente Daniel Noboa anunció
en enero de 2026 una inversión estratégica de 180 millones de dólares para
el equipo de seguridad. El portal Nodal.am y Primicias informaron que estos
fondos se destinarán a la compra de siete helicópteros bimotores, un buque
logístico multipropósito, radares 3D, drones y sistemas forenses avanzados (IBIS Y
AFIS)
para el rastreo de armas y municiones.
Además, el Gobierno mantiene vigente un estado de excepción
en nueve provincias, lo que permite la suspensión de la inviolabilidad
de domicilio y la ejecución de allanamientos inmediatos, como el ocurrido en
Segura EP. El análisis de la Agenda Estado de Derecho advierte que, si bien la
militarización bajo el "Plan Fénix" ha logrado incautaciones
importantes, la inseguridad persiste debido a la infiltración del crimen en el
sistema judicial y la falta de una política social integral que frena el
reclutamiento de menores por parte de las bandas.
En 2026:
¿Bastará el equipo táctico?
El primer trimestre de 2026 se presenta como un período
decisivo para determinar si la estrategia de "mano dura" y la
inversión tecnológica logra romper la espiral de violencia o si Ecuador se
sumerge en una crisis crónica de difícil retorno. Aunque el plan gubernamental
prioriza la renovación táctica con helicópteros, barcos y radares 3D para
recuperar la soberanía en fronteras y puertos, varios analistas coinciden en
que el equipo es solo una parte de la solución.
Desde la Agenda Estado de Derecho y en análisis de la cadena
DNews, se advierte que cualquier avance en seguridad será provisional si no se
acompaña de un saneamiento profundo del sistema judicial, infiltrado por la
corrupción en casos como Metástasis y Purga. Asimismo, la persistencia de
causas estructurales como la pobreza y el desempleo informal, el que afecta a
más de la mitad de la población, sigue alimentando la "base de
reclutamiento" de los grupos criminales, especialmente entre menores de
edad.
Con un promedio de 25 muertes diarias al cierre de
2025 y una percepción de inseguridad que afecta a más del 50% de la ciudadanía,
el reto del Estado en 2026 no solo es operativo, sino institucional.
Finalmente, la intervención de Segura Y simboliza la determinación del Gobierno
para centralizar el mando, pero la verdadera victoria dependerá de si logra
desarticular las finanzas criminales y frenar la expansión del crimen
transnacional que hoy devora tanto las costas como la Amazonía ecuatoriana.
-Romina Zambrano
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